Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son instrumentos relativamente nuevos, que buscan incentivar la financiación de programas de impacto social bajo un esquema de pago por resultados (PpR). El primer país en adoptar estos instrumentos fue el Reino Unido en el año 2010 y desde entonces se ha promovido su ejecución en 33 países, sumando más de 194 BIS y contabilizando más de 421 millones de dólares en pagos (Brookings, 2021).

Colombia fue el primer país en vía de desarrollo en adoptar un modelo de financiación de Pago por Resultados (PpR) mediante un mecanismo BIS, iniciando su ejecución en el año 2017 con el proyecto Empleando Futuro. Con el fin de determinar el efecto causal del programa sobre sus beneficiarios, Sibs.co, en el marco de su tercera línea de acción sobre difusión de conocimiento y aprendizajes, encargó a la Universidad EAFIT la evaluación de impacto de Empleando Futuro. Estos fueron los resultados.

Estructura del BIS Empleando Futuro 

Empleando Futuro buscó garantizar tres métricas de evaluación a lo largo del programa:

• La colocación laboral de población vulnerable en empleos formales: es decir el número de personas que fueron empleadas después de la etapa de formación por la intermediación del programa.
• La retención laboral de los participantes a tres meses (R3): el número de personas colocadas que permanecieron en sus trabajos por más de tres meses.
• La retención laboral a seis meses (R6): el número de personas colocadas que permanecieron en sus trabajos por más de seis meses.

Para lograr los resultados de retención, se concertó que el pago por resultados se realizaría en dos momentos: 50% del valor se giraría en la etapa de colocación y el 50% restante en la etapa de retención a tres meses. Adicionalmente, se estableció una bonificación equivalente al 10% por el cumplimiento de la meta de retención a seis meses, es decir un total de 388.881 por cada beneficiario retenido.

Resultados operacionales

Los resultados de la etapa de colocación fueron sobresalientes, logrando cumplir con el 117% de la colocación esperada, lo cual responde a un proceso efectivo de perfilamiento y entrenamiento de los participantes en relación a las demandas de las empresas. A pesar de estos resultados iniciales, el programa no logró cumplir con las metas establecidas para las retenciones de tres y seis meses, llegando a cumplir solo el 45% de esta última.

Impacto del primer BIS en un país en vía de desarrollo

A través de una estrategia de evaluación de impacto denominada como Diferencias en Diferencias, se comparó la probabilidad de que los beneficiarios tratados por el programa (es decir aquellos que completaron la fase de formación e intermediación) consiguieran y retuvieran su empleo con un grupo de control (aquellos elegibles pero que no continuaron con la fase de formación). La evaluación encontró los siguientes resultados:

• El tratamiento fue efectivo y está asociado con una mayor probabilidad de colocación y retención laboral cuando lo comparamos con el grupo de control. De hecho, los participantes que se sometieron a la etapa de formación e intermediación tenían una probabilidad de 12 puntos porcentuales mayor de emplearse formalmente a tres meses y 15,7 puntos porcentuales mayor de emplearse formalmente a seis meses. Sin embargo, el efecto del tratamiento pierde relevancia con el tiempo, corroborando lo reportado por inversionistas y operadores sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de retención a largo plazo.
• Las mujeres tienen una mayor probabilidad de emplearse y retenerse a lo largo del proceso (8,43 puntos porcentuales), mientras que para los hombres no se encontró un efecto estadísticamente significativo entre el grupo de tratamiento y control.
• La formación en habilidades blandas y duras está asociada con una mayor probabilidad de colocación y retención de los participantes en empleos formales (8,76 puntos porcentuales mayor a lo largo del programa). Si bien cada operador debió cumplir con 100 horas de formación por participante, la distribución de dichas horas entre habilidades blandas y duras era discrecional. En consecuencia, se demostró que invertir 50 horas o más a la formación de habilidades blandas, aumentó la probabilidad de que los participantes se emplearán y retuvieran por los primeros nueves meses después de la colocación.
• La probabilidad de cotizar a seguridad social también fue mayor para el grupo de tratamiento a lo largo del horizonte de evaluación (15 meses después de la intermediación laboral) aunque solo fue estadísticamente significativa después del sexto mes. Sin embargo, la probabilidad de cotizar a seguridad social durante todo el horizonte de evaluación sí fue positiva y estadísticamente significativa para las mujeres (5,19 puntos porcentuales mayor al grupo de control).

En general, los resultados de la intervención de Empleando Futuro son satisfactorios e indican que el proyecto fue efectivo a la hora de mejorar la probabilidad de que sus participantes se emplearán en trabajos formales y más estables.       

Lecciones aprendidas 

A lo largo del programa se reportaron una serie de hallazgos que invitan a reconsiderar la estructura del BIS y las diversas estrategias empleadas por inversionistas y operadores. Si bien la evaluación de impacto no capturó efectos de descreme a lo largo del proceso y aunque de hecho se evidenció que grupos de especial vulnerabilidad como las mujeres obtuvieron mejores resultados, dicha posibilidad sigue latente debido al proceso de perfilamiento y focalización adelantado por los operadores. Así, el diseño de futuros BIS ha reducido la posibilidad del descreme introduciendo incentivos monetarios que invitan a los operadores a emplear estrategias que atiendan a grupos de especial vulnerabilidad

También se advierte que utilizar métodos alternativos para corroborar la retención laboral diferentes a la PILA de los trabajadores, como certificados laborales, pudo haber introducido incentivos perversos para que los participantes falsificaran dichos documentos. Esta recomendación acatada en futuros BIS al establecer la PILA como único método de verificación.

Frente a la estructura de pago acordada por inversionistas y operadores, se destaca que, si bien el bono de pago del 10% sobre el valor del contrato para la retención a seis meses generó incentivos suficientes para recolectar información que permitiera diseñar mejores programas a futuro, el incentivo no fue suficiente para que los operadores encaminaran esfuerzos específicos para la consecución de la meta. Se ha demostrado que la forma en que se distribuyan los pagos del BIS está relacionada con la importancia que los actores les asignan a las diferentes etapas, por lo cual se recomendó desplazar una parte importante del pago a la consecución de la meta de retención a seis meses. Este aprendizaje fue retomado por el BIS II Cali Progresa con Empleo, condicionando el pago del 40% del valor del contrato al logro de la meta de retención a seis meses.

Fuentes:

EAFIT. (2020, diciembre). Evaluación de impacto de «Empleando futuro». https://maspxr.com/wp-content/uploads/2020/12/Evaluación-de-Impacto_Empleando-Futuro_2020.pdf

Instiglio. (2020). Results from the learning agenda: First Social Impact Bond in an Emerging Country. https://maspxr.com/wp-content/uploads/2020/06/Executive-summary.-Results-from-the-learning-agenda-SIB-1.pdf

Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un instrumento que busca incentivar la inversión en proyectos sociales mediante un esquema de pago por resultados. Bajo esta metodología, operadores e inversionistas condicionan la consecución de pagos y rendimientos financieros a la obtención de resultados sociales. Cali Progresa con Empleo fue el segundo proyecto BIS ejecutado en el país, el cual buscaba establecer estrategias que permitieran la colocación laboral de población vulnerable en la ciudad de Cali.

1. Principales resultados de la Evaluación

Si bien el primer BIS de Colombia, Empleando Futuro, obtuvo resultados positivos en las instancias de formación, colocación y retención a tres meses (de cada 100 participantes que consiguieron empleo, 79 fueron retenidos a tres meses), tan solo el 55% de los participantes contratados lograron una permanencia igual o superior a seis meses.

Teniendo esto en cuenta, al estructurar Cali Progresa con Empleo, se condicionó el 40% del pago que podían recibir los operadores a la obtención del logro de largo plazo (seis meses), mientras que en el primer BIS la retención de largo plazo constituía únicamente una bonificación del 10% sobre el valor del contrato. De esta forma, según la evaluación de procesos, se creó un incentivo financiero real a la obtención del resultado de largo plazo.

De hecho, la percepción de los operadores e inversionistas sobre esta medida fue positiva. Sin embargo, al finalizar el programa el resultado de retención a mediano y largo plazo fue heterogéneo entre los operadores. Si bien todos reportaron que el incentivo financiero había sido adecuado para garantizar la retención a seis meses de los participantes, solo los operadores 2 y 3 sobrepasaron la meta de retención a tres meses (104% y 105% respectivamente) y de retención a seis meses (126% y 125% respectivamente). Por su parte, los operadores 1 y 4 no lograron cumplir sus metas de retención a tres meses (43% y 67%) ni las de retención a seis meses (41% y 54% respectivamente). Esta diferencia en el cumplimiento de metas provocó que la efectividad global del programa se encontrará por debajo del 100% (82% para la retención a tres meses y 87% para la retención a seis meses).

2. Qué factores de éxito diferenciaron a los operadores?

a. Metodologías de convocatoria y selección

Si bien la etapa de retención era la que ofrecía los mayores incentivos financieros, los operadores coinciden en que la etapa más importante de todo el proceso era la convocatoria y selección de participantes. De acuerdo a la evaluación, aquellos operadores que perfilaron de forma adecuada a los participantes, teniendo en cuenta las características que demandaban las empresas aliadas, observaron mayores tasas de cumplimiento a lo largo del proyecto. Este es el caso del Operador 3, el cual prioriza los perfiles deseados por las empresas ancla. Si bien esto se traducía en una menor tasa de inscripción post convocatoria, permitió una retención más larga de los participantes. Por el contrario, el Operador 4 no concentró sus esfuerzos en el proceso de consulta con las empresas ancla antes de la convocatoria por lo cual, a pesar de haber realizado entrevistas personalizadas a los participantes antes de la inscripción, no obtuvo resultados significativos en la colocación.

b.    Atención personalizada.

El uso de estrategias personalizadas para la atención de los participantes resultó relevante en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, si bien la metodología de contacto mediante Call Center fue la menos efectiva durante la fase de convocatoria (solo logró convocar al 7.5% de los participantes), la evaluación estableció que aquellos convocados por este medio tenían una probabilidad más alta de llegar al proceso de formación (66.2%), lo cual podría demostrar, como resaltaron los operadores, la importancia de acciones personalizadas en el transcurso del proyecto.

Por otro lado, si bien el acompañamiento psicosocial no fue estadísticamente significativo en la fase en que dicho componente fue evaluado (probabilidad de pasar de la formación a la graduación), los operadores destacaron la importancia de este componente. De hecho, el Operador 2, que presentó las mayores tasas de supervivencia a lo largo del proyecto (Ver Gráfico 1), fue a su vez el único operador que asignó un psicólogo a cada participante.

c.    Acompañamiento para la graduación y permanencia laboral

Los cuatro operadores incorporaron a sus estrategias de retención programas de acompañamiento a los participantes que lograban las etapas de graduación, intermediación y colocación laboral. Según el modelo de evaluación utilizado para medir los factores que contribuyeron a la probabilidad de pasar de una etapa a otra del proyecto, ofrecer incentivos durante la etapa de formación, como subsidios de transporte, refrigerios o mercados, entre otros, aumentaba de forma positiva la probabilidad de graduarse.

d.    Experiencia en el área 

Para el caso del BIS Cali Progresa con Empleo, el Operador 2 presentó la mayor tasa de supervivencia a lo largo del proyecto (de cada 100 convocados, 6 participantes sobrevivieron hasta los seis meses de contratación). Según la evaluación de procesos, este resultado puede atribuírsele a ser el operador con mayor experiencia en programas de empleo para población vulnerable. A pesar de que la estructura de pago por resultados obligó a los operadores a despegarse de la estructura tradicional de los programas de empleabilidad, el nivel de experiencia del Operador 2 le permitió anticipar las necesidades de los participantes en las diferentes etapas del proyecto.

3. Lecciones y aprendizajes.

Con el fin de proteger la simplicidad de la estructura de pagos que se le propuso a los inversionistas y operadores, el BIS Cali Progresa no incluyó estrategias de pagos diferenciados por tipo de población. Desde la ejecución del primer BIS, se ha observado un efecto “embudo” que condiciona el éxito de los participantes de los programas de empleabilidad a factores de vulnerabilidad como el género, condiciones socioeconómicas y nivel de formación de los participantes. El efecto “embudo” fue especialmente visible en el segundo BIS dado que tan solo el 45% de los graduados pasaron a la etapa de colocación. De hecho, según los modelos probabilísticos considerados en la evaluación del programa, existen factores de embudo en diferentes instancias del proyecto, puntualmente en: 

1. • La probabilidad de pasar de la etapa de elegible a formación: Se observó una probabilidad positiva y estadísticamente significativa de pasar de la elegibilidad a la formación si el participante era una mujer. De igual forma, los participantes mayores a 24 años tenían en general una probabilidad menor de entrar a la fase de formación, aunque esta probabilidad no era significativa para el grupo de entre 31 y 36 años.
   • La probabilidad de pasar de la etapa de formación a la graduación: Nuevamente se encontró una menor probabilidad de que grupos de mayor edad logren graduarse, aunque dicha probabilidad sólo es significativa para el grupo de entre 25 y 30 años comparado con el grupo de entre 18 y 24 años. También se encontró que parientes diferentes al hijo, cónyuge o nieto del jefe del hogar tienen una mayor probabilidad de graduarse y que el tamaño del hogar afecta negativamente la probabilidad de que el participante se gradúe. Tener educación formal también tiene un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de graduación.
   • La probabilidad de pasar a las etapas de colocación, retención a tres meses y retención a seis meses: El ser mujer estaba asociado a una menor probabilidad de colocación y de retención en cada uno de los dos plazos establecidos. De igual forma, unas mejores condiciones del entorno y las características físicas y de equipamiento de la vivienda y del hogar aumentaban la probabilidad de supervivencia en las últimas etapas del proyecto.

En este contexto, sería importante considerar para futuros BIS metodologías que permitan ofrecer pagos diferenciados que atiendan poblaciones con dimensiones adicionales de vulnerabilidad. Adicionalmente, la evaluación destaca que la estructura de pagos propuesta a inversionistas y operadores desplazó el mayor desembolso de fondos a la retención laboral por seis meses cuando, sin embargo, se identificó que los mayores retos a la continuidad de los participantes se encontraban en la fase de colocación. Se podría reconsiderar la distribución de pagos de acuerdo a este hallazgo en futuros BIS para programas de empleabilidad.

Finalmente, la evaluación sugiere que también se podrían reconsiderar los plazos de retención, sustituyéndolos por plazos que sean más coherentes con la normativa laboral. Por ejemplo, un periodo de retención a cuatro meses podría ser más lógico que uno de seis meses dado que a partir del cuarto mes se excede el periodo de prueba legal. La pandemia del Covid-19 también dejó en evidencia que la retención laboral de los participantes depende fuertemente de las condiciones generales de la economía y mercado laboral, en consecuencia, se deberían introducir criterios de flexibilidad que reconozcan el impacto de la economía sobre la probabilidad de empleabilidad y retención.

Por: María Paulina Gómez, líder del programa SIBs.CO

Es un hecho que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se necesita coordinar a toda la sociedad; los estados por sí solos, como lo señala enfáticamente las Naciones Unidas, no bastan para cumplir con las metas pactadas en la agenda 2030. La alerta nace de la brecha de financiamiento de proyectos de desarrollo, que requiere “miles de millones”, se tiene que enfrentar con crecimiento y competitividad, así como con más capital privado dedicado a financiar el desarrollo social.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que para cumplir los ODS en 2030 se requieren entre 3,3 y 4,5 billones de dólares anuales en países en desarrollo. Ante este gran reto, los mecanismos de pago por resultados, y en particular los Bonos de Impacto Social (BIS), son opciones que nos acercan a estas metas pues son vehículos innovadores que permiten sumar esfuerzos de manera eficiente entre el sector público y privado para lograr financiación con resultados.

«La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que para cumplir los ODS en 2030 se requieren entre 3,3 y 4,5 billones de dólares anuales en países en desarrollo»

De una manera más simple, en cada uno de estos BIS, el gobierno y la cooperación internacional se comprometen a pagar un valor por lograr resultados específicos de objetivos sociales. Por ejemplo, se comprometen a pagar un valor por cada empleo formal colocado, por cada pospenado reinsertado en la sociedad o por cada punto porcentual de reducción de embarazo adolescente en una comunidad.   Con ese dinero que paga el gobierno por lograr resultados, los inversionistas de impacto ponen los recursos requeridos para que los operadores puedan financiar sus actividades.

Por ejemplo, en el Bono ‘Empleando Futuro’ que se estructuró en Colombia en 2016, inversionistas de impacto como Fundación Corona, Fundación Mario Santodomingo y Fundación Bolívar Davivienda financiaron a operadores como la ONG Volver a la Gente para que pudieran formar personas de población vulnerable y ayudarlas a encontrar un empleo formal y mantenerse en él por varios meses.

En los BIS, es el inversionista quien asume el riesgo de que no se logren los resultados. Esto permite que el Estado cuide mejor los recursos de los contribuyentes, que haya más transparencia en el proceso presupuestal y que toda la conversación se enfoque en los resultados urgentes que requiere la población vulnerable en Colombia.

Con este mecanismo gana el gobierno, que tiene más capacidades, da los incentivos correctos y aprovecha todo el potencial de los privados para servirles mejor a sus ciudadanos. También ganan los operadores, que pueden financiar sus actividades de una forma efectiva. Y, por supuesto, también ganan los inversionistas, quienes pueden usar su dinero para lograr objetivos sociales, contribuir al cumplimiento los ODS y, cuando son exitosos, recibir un retorno razonable respecto del capital invertido.

Pagar por resultados, como los Bonos de Impacto Social, son un nuevo modelo en el país en el que venimos trabajando de la mano diferentes entidades. Es un mecanismo que aún es desconocido por otros actores y que vale la pena poner en el panorama actual de desarrollo al que, sin duda, le apuntan todos los sectores.

Por último, me gustaría resaltar que si bien el programa Sibs.co, financiado con recursos del BID LAB y SECO (la Cooperación Económica y Desarrollo de la Confederación Suiza) y administrado por la Fundación Corona, ha promovido estos mecanismos para acelerar el desarrollo en Colombia y apostarle a la competitividad. Hoy las empresas, las personas y los gobiernos quieren y deben trabajar de la mano para tener un mundo sostenible y un país más desarrollado, realidad en la que los Bonos de Impacto Social son una excelente oportunidad para lograrlo.

Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

Los ciudadanos también pueden ser gerentes públicos

Cualquier colombiano puede consultar el destino de los recursos que se pactan anualmente en el presupuesto nacional. Sin embargo, ¿qué pasa si no solo queremos saber el destino de nuestros impuestos, sino más bien si esos recursos en realidad generaron resultados? A un ciudadano juicioso no le quedaría muy difícil consultar por internet los decretos que asignan el presupuesto de las entidades públicas. Es más, aunque la información no esté centralizada, podemos también consultar rubros específicos de inversión si nos adentramos en los decretos e informes de las entidades, encontrando hasta lo que nos cuesta el café requemado que sirven en las entidades públicas.

Pero, ¿qué pasa si queremos ser unos auténticos gerentes públicos y preguntarnos si estas inversiones nos están saliendo “baratas” o “caras”? Tendríamos entonces que consultar los informes de rendición de cuentas que publican las entidades a final de año, pero estos solo nos relatarán los cambios en unos indicadores que se limitan a cosas como “el número de actividades realizadas”, “el porcentaje de asistentes a una capacitación” o “el promedio de personas atendidas”.

En otras palabras, si bien sabemos en cuáles actividades se gastaron nuestro dinero, no tenemos insumos para comprender la magnitud de su impacto: ¿acaso los beneficiarios del Ministerio del Deporte ganaron más competiciones internacionales o los del Ministerio de Educación obtuvieron mejores notas gracias a sus intervenciones? Al final de cuentas, como en los restaurantes, tanto a los contribuyentes como a los comensales nos interesa más a qué sabe la sopa y no solo qué ingredientes trae.

Presupuestos programáticos para invertir en resultados

La ausencia de énfasis en los resultados es problemática para todos, no solo para nuestro preocupado ciudadano con ínfulas de gerente. Por ejemplo, la adopción de metodologías de evaluación de proyectos que priorizan el gasto y no los resultados ha terminado por desincentivar la eficiencia; indicadores como el porcentaje de ejecución del presupuesto apropiado, es decir el porcentaje de dinero que efectivamente se gastó respecto del que se tenía a principio de año, incentivan a las entidades al derroche sin pensar en los resultados y a no intentar reducir costos (Azuero, 2021).

El presupuesto colombiano requiere de un enfoque más gerencial y participativo, uno que vincule los recursos disponibles a resultados verificables, o lo que Francisco Azuero llamaría un verdadero “Presupuesto Programático”. Como sucedió con nuestro veedor, resulta muy difícil evaluar el alcance del presupuesto público. La solución al problema no solo radica en fortalecer los canales de información que actualmente existen y acercarlos a la ciudadanía, sino también en migrar hacía presupuestos que promuevan la calidad del gasto a través de esquemas que estimulen el uso eficiente de los recursos.

Este camino, sin embargo, no es uno fácil de recorrer. Aunque la preocupación por crear presupuestos basados en resultados es global, migrar a estos suele ser complicado, sobre todo por los obstáculos técnicos que implica una evaluación programática y la inercia institucional que padecen los modelos de evaluación presupuestal vigentes.

Los Bonos de Impacto Social y los Presupuestos Programáticos

En este contexto, los esquemas de Pago por Resultados (PpR), y en especial los Bonos de Impacto Social (BIS), resultan ser herramientas indispensables a la hora de cambiar los paradigmas de la contratación pública. Estos esquemas parten de una premisa simple: los pagadores de programas sociales (usualmente el gobierno) solo deben pagar por los resultados alcanzados. Esto lo logran introduciendo una serie de incentivos financieros y reputacionales que motivan a los actores encargados de la ejecución de los programas a lograr los resultados pactados, más que solo ejecutar actividades.

Los BIS, al ser un esquema de PpR que incluye a inversionistas privados para que aporten capital de trabajo inicial para que los operadores ejecuten los programas, son un ejemplo de éxito en este ámbito. Este enfoque obliga a todos los actores involucrados en la contratación y ejecución de programas públicos a estar alineados en la consecución de sus metas si es que quieren ser compensados, promoviendo sistemas de información precisos y transparentes que permiten migrar hacia modelos basados en resultados.

Por ejemplo, en Reino Unido la Fundación Elton John estableció una estrategia que buscaba frenar la epidemia de VIH/SIDA proponiendo testear a las personas cuando ingresaban a urgencias por cualquier motivo. Dado que el gobierno no quería desembolsar recursos para la implementación de esta solución, en 2018 la fundación decidió conformar un BIS donde asumían el costo del programa en el corto plazo y, en caso de ser efectivo, el gobierno compensaría los costos. El programa no solo fue efectivo, diagnosticando a 200 nuevos pacientes con VIH y retomando el tratamiento de otros 250, sino que también estableció nuevos lineamientos para el testeo de la enfermedad en Reino Unido. Se estima que la intervención le ahorró más de 90 millones de libras a los contribuyentes londinenses (Warner, 2022).

Por su parte, la llegada de los BIS a los países en vía de desarrollo ha puesto a los esquemas de PpR en la mira no solo de los gobiernos sino también de un amplio portafolio de actores privados. Los BIS en Colombia, que hasta el momento se han estructurado como programas de empleo dirigidos a población en situación de vulnerabilidad, han logrado no solo mejorar las estrategias de formación, intermediación y colocación laboral de los operadores, sino también estudiar los factores de éxito detrás de la retención de los beneficiarios en sus trabajos.

Hasta la fecha se han ejecutado 235 bonos de impacto en 38 países, lo que ha sumado más de 463 millones de dólares en inversión social (Brookings, 2022). No es solo el impacto monetario lo que hace a estos bonos tan atractivos, es también su versatilidad para ajustarse a múltiples contextos y problemáticas. Al demostrar su efectividad y adaptabilidad a los principales retos sociales que enfrenta el país, los esquemas PpR tienen el potencial de moldear instituciones y reducir la incertidumbre que existe alrededor de los presupuestos públicos, volviéndolos realmente programáticos para garantizar la claridad en el gasto, la participación de la ciudadanía y el mejoramiento continuo de la inversión pública.

En últimas, ante la pregunta “¿dónde está la plata de mis impuestos?” los presupuestos deberían responder con claridad: Pagando por Resultados.

Fuentes:

Azuero, F. (2021). La reforma de la gestión financiera pública. En Colombia después de la pandemia: La urgencia de los estructural (1.a ed., pp. 135–149). Econometria Consultores SA.

Brookings. (2022, 10 agosto). Social and development impact bonds by the numbers. Recuperado 17 de agosto de 2022, de https://www.brookings.edu/research/social-and-development-impact-bonds-by-the-numbers/

Warner, J. (2022, 23 mayo). Problem to program to public policy: How outcomes-based financing strengthened England’s health system. Brookings. Recuperado 17 de agosto de 2022, de https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2022/05/24/problem-to-program-to-public-policy-how-outcomes-based-financing-strengthened-englands-health-system/