Bogotá lidera la innovación pública y financiera con nuevo mecanismo distrital de Pago por Resultados

Dic 11, 2024

Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2024. Para 2025, la capital colombiana prevé implementar el modelo innovador de Pago por Resultados focalizado en tres frentes: acceso a financiamiento empresarial, aumento de la productividad de las empresas e impulso al empleo. Este enfoque permitirá medir e incentivar el cumplimiento de metas específicas, asegurando un uso más eficiente y efectivo de los recursos públicos y privados para maximizar el impacto en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Una alianza clave para transformar el uso de los recursos públicos en Colombia a través de la innovación financiera.

Sep 24, 2024

Por primera vez Colombia tendrá una Estrategia Nacional de Pago por Resultados 

 

Bogotá, 24 de septiembre de 2024 

 

 

Para dar un paso decisivo hacia la innovación pública para el impacto social, se formalizó una alianza entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el respaldo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y Fundación Corona, como socios del programa MAS Pago por Resultados. Esta colaboración tiene como objetivo común diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Pago por Resultados.   

 

El Programa MAS Pago por Resultados es financiado por BID Lab y la SECO y ejecutado por Fundación Corona. A lo largo de siete años, este programa ha promovido el uso de mecanismos de pago por resultados en Colombia, con estrecho acompañamiento y liderazgo del DNP, posicionando al país como pionero y primer país en desarrollo en implementar mecanismos como los Bonos de Impacto Social. 

 

Los Mecanismos de Pago por Resultados (MPR) pueden mejorar la eficiencia del gasto público e impulsar la colaboración entre los sectores público y privado para la financiación de programas con más impacto social y ambiental. Por su parte, la Estrategia Nacional de Pago por Resultados  es una apuesta colaborativa para fortalecer y orientar a las entidades de orden nacional y local para identificar los principales retos y oportunidades del uso de los mecanismos de pago por resultados.  

 

La reafirmación de este trabajo conjunto marca un hito de innovación en materia de política pública en Colombia, impulsando los principios que persigue la Convergencia Regional del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, pues la institucionalización de los mecanismos de pago por resultados aportará al fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía. 

 

Para el director del DNP Alexander López Maya,“Con esta apuesta por una Estrategia Nacional de Pago por Resultados, estamos dando un paso decisivo para transformar la manera en que se gestionan los recursos públicos, promoviendo la eficiencia y los resultados medibles y el impacto en la población en diversas áreas de política pública”. 

 

Por su parte, María Paulina Gómez, directora del Programa MAS, reafirmó la relevancia de este esfuerzo conjunto para el país: “Los socios del Programa MAS han trabajado durante años para demostrar que los mecanismos de Pago por Resultados son una herramienta poderosa para fortalecer la gestión pública innovadora. Ahora, junto al DNP, estamos dando el siguiente paso con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Pago por Resultados, con el fin de llevar este modelo a nivel nacional y fortalecer su impacto en diversos sectores”. 

 

Para formalizar esta colaboración entre el DNP y el BID, a través del Programa MAS Pago por Resultados, se firmó un Convenio Marco de Cooperación en el que se establece las líneas de acción para diseñar y ejecutar la Estrategia Nacional de Pago por Resultados, articulando esfuerzos con gobiernos locales y nacionales, así como con actores privados. Además, se explorará la necesidad de poner en marcha un sandbox regulatorio que permitirá determinar si existen barreras de tipo regulatorio para implementar estos mecanismos de manera más efectiva. 

 

Con esta iniciativa, Colombia avanza hacia un modelo más eficiente, innovador y transparente de gestión pública, que prioriza el impacto real de las políticas y programas, asegurando que los recursos se destinen a proyectos costo-efectivos y transparentes que generen un impacto medible. 

Dato de Empleo de Julio: El Reto del Primer Empleo

Nov 29, 2023

Conoce los indicadores más relevantes sobre el desempleo en Colombia a julio del 2022, particularmente para la población de joven, y cómo los BIS pueden ayudar a combatir las brechas del mercado laboral.

Planeando el Futuro de la Política Social: Pago por Resultados en Colombia.

Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

El Gobierno colombiano, a través del Documento CONPES 4067, reconoce los esquemas Pago por Resultados (PpR) como una apuesta neurálgica para consolidar el proceso de desarrollo del país. Este es un paso fundamental que le permite a las instituciones del Estado identificar las ventajas y retos de los esquemas PpR y encaminar esfuerzos para su consolidación como mecanismo de financiación recurrente para la consecución de resultados sociales. Este documento de política declaró la importancia estratégica de los esquemas de PpR y aseguró la disponibilidad de recursos para implementar proyectos de empleo en esta modalidad para población pobre y migrante.

Beneficios de los esquemas de pago por resultados

En primera instancia, el CONPES resalta el PpR como una herramienta de innovación pública, pues ofrece alinear los incentivos de inversionistas sociales y operadores con las necesidades de los beneficiarios, garantizando así resultados tangibles a las intervenciones. Esto constituye una innovación social ya que los esquemas de PpR exigen que los actores involucrados hagan un riguroso seguimiento de las métricas de resultados, lo cual también contribuye a ampliar la producción académica en temas de superación de la pobreza y desarrollo económico. Entre las ventajas que ofrecen los esquemas PpR, el CONPES resalta las siguientes:

Reconocimiento de la coyuntura: El CONPES resalta la viabilidad de los esquemas de PpR para programas de empleo con base en las experiencias de los primeros dos Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia: Empleando Futuro y Cali Progresa con Empleo. En consecuencia, estos modelos se ajustan a una de las problemáticas coyunturales que actualmente enfrenta el país con la migración súbita de población venezolana y su especial vulnerabilidad (25,1% se encuentra desocupada).
Ofrecer flexibilidad presupuestaria y contractual a implementadores: “Los implementadores son libres de invertir en gastos de funcionamiento, de monitorear y adaptar sus programas frente a condiciones cambiantes sin tener que pasar por procesos burocráticos largos y dispendiosos” (CONPES, 2021).
Reconocer a los implementadores más efectivos: “Dado que el PpR requiere que los implementadores estén dispuestos a recibir pagos por sus resultados, solo los implementadores de alto rendimiento tienden a participar en este tipo de programas, lo que les proporciona mayor confianza a los financiadores” (CONPES, 2021).
Atraer a inversionistas más adversos al riesgo: La metodología de PpR reduce el riesgo de la inversión, sobre todo cuando los proyectos tienen características que requieren innovación. Esto se debe a que los financiadores solo pagan la totalidad del contrato una vez se obtienen los resultados pactados.
Beneficios de los esquemas de pago por resultados

En primera instancia, el CONPES resalta el PpR como una herramienta de innovación pública, pues ofrece alinear los incentivos de inversionistas sociales y operadores con las necesidades de los beneficiarios, garantizando así resultados tangibles a las intervenciones. Esto constituye una innovación social ya que los esquemas de PpR exigen que los actores involucrados hagan un riguroso seguimiento de las métricas de resultados, lo cual también contribuye a ampliar la producción académica en temas de superación de la pobreza y desarrollo económico. Entre las ventajas que ofrecen los esquemas PpR, el CONPES resalta las siguientes:

Reconocimiento de la coyuntura: El CONPES resalta la viabilidad de los esquemas de PpR para programas de empleo con base en las experiencias de los primeros dos Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia: Empleando Futuro y Cali Progresa con Empleo. En consecuencia, estos modelos se ajustan a una de las problemáticas coyunturales que actualmente enfrenta el país con la migración súbita de población venezolana y su especial vulnerabilidad (25,1% se encuentra desocupada)
Ofrecer flexibilidad presupuestaria y contractual a implementadores: “Los implementadores son libres de invertir en gastos de funcionamiento, de monitorear y adaptar sus programas frente a condiciones cambiantes sin tener que pasar por procesos burocráticos largos y dispendiosos” (CONPES, 2021).
Reconocer a los implementadores más efectivos: “Dado que el PpR requiere que los implementadores estén dispuestos a recibir pagos por sus resultados, solo los implementadores de alto rendimiento tienden a participar en este tipo de programas, lo que les proporciona mayor confianza a los financiadores” (CONPES, 2021).
Atraer a inversionistas más adversos al riesgo: La metodología de PpR reduce el riesgo de la inversión, sobre todo cuando los proyectos tienen características que requieren innovación. Esto se debe a que los financiadores solo pagan la totalidad del contrato una vez se obtienen los resultados pactados.
Retos de los esquemas de Pago por Resultados en Colombia

El CONPES identifica significativas barreras normativas, presupuestarias y contractuales que desincentiva la implementación de esquemas de PpR. Las barreras identificadas no son nuevas, ni exclusivas para Colombia, pues uno de los grandes retos que reportan los grupos de promoción de estrategias PpR a la hora de garantizar su adopción por parte de los gobiernos es precisamente su inclusión explícita en los planes nacionales (BID, 2021). Si bien países como Colombia y Chile han logrado impulsar los BIS a través de órganos de nivel ministerial, la discusión de los esquemas PpR al interior del CONPES garantiza una mayor escalabilidad y coherencia administrativa en su implementación:

Ausencia de un marco legal que regule los esquemas de contratación de PpR: Actualmente estos tipos de contratos están sujetos al régimen de contratación pública (Ley 30 de 1993). Debido a la ausencia de precedentes jurídicos, las entidades públicas carecen de incentivos para innovar en las formas de contratación. La ausencia de un marco normativo también repercute en la capacidad de atraer inversionistas debido a la falta de conocimiento técnico que les permita participar activamente en los procesos de formulación de los contratos.

Barreras presupuestarias de la contratación pública: La contratación pública depende de horizontes de ejecución inflexibles dado que debe regirse por el principio de anualidad fiscal o, en su defecto, comprometer vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad del contrato en el tiempo. Autorizar vigencias futuras suele ser una gestión engorrosa, sobre todo para los entes territoriales con menor capacidad administrativa, mientras que el principio de anualidad fiscal desincentiva la adopción de esquemas de PpR ante el riesgo de no ejecución y, por tanto, de reducciones presupuestales para futuras vigencias.
Referencias:

BID. (2021, enero). Social Impact Bonds in Latin America (TECHNICAL NOTE N o IDB-TN-208). https://publications.iadb.org/publications/english/document/Social-Impact-Bonds-in-Latin-America-IDB-Labs-Pioneering-Work-in-the-Region-Lessons-Learnt.pdf
CONPES. (2021, diciembre). Documento CONPES (N.o 4067). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4067.pdf
UK Government. (2022, 22 junio). Social Impact Bonds. GOV.UK. Recuperado 6 de julio de 2022, de https://www.gov.uk/guidance/social-impact-bonds

Impacto de «Empleando Futuro», el primer bono de impacto social en Colombia

Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

 

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son instrumentos relativamente nuevos, que buscan incentivar la financiación de programas de impacto social bajo un esquema de pago por resultados (PpR). El primer país en adoptar estos instrumentos fue el Reino Unido en el año 2010 y desde entonces se ha promovido su ejecución en 33 países, sumando más de 194 BIS y contabilizando más de 421 millones de dólares en pagos (Brookings, 2021).

Colombia fue el primer país en vía de desarrollo en adoptar un modelo de financiación de Pago por Resultados (PpR) mediante un mecanismo BIS, iniciando su ejecución en el año 2017 con el proyecto Empleando Futuro. Con el fin de determinar el efecto causal del programa sobre sus beneficiarios, Sibs.co, en el marco de su tercera línea de acción sobre difusión de conocimiento y aprendizajes, encargó a la Universidad EAFIT la evaluación de impacto de Empleando Futuro. Estos fueron los resultados.

 

Estructura del BIS Empleando Futuro 

Empleando Futuro buscó garantizar tres métricas de evaluación a lo largo del programa:

  • La colocación laboral de población vulnerable en empleos formales: es decir el número de personas que fueron empleadas después de la etapa de formación por la intermediación del programa.
  • La retención laboral de los participantes a tres meses (R3): el número de personas colocadas que permanecieron en sus trabajos por más de tres meses.
  • La retención laboral a seis meses (R6): el número de personas colocadas que permanecieron en sus trabajos por más de seis meses.

Para lograr los resultados de retención, se concertó que el pago por resultados se realizaría en dos momentos: 50% del valor se giraría en la etapa de colocación y el 50% restante en la etapa de retención a tres meses. Adicionalmente, se estableció una bonificación equivalente al 10% por el cumplimiento de la meta de retención a seis meses, es decir un total de 388.881 por cada beneficiario retenido.

Resultados operacionales

Los resultados de la etapa de colocación fueron sobresalientes, logrando cumplir con el 117% de la colocación esperada, lo cual responde a un proceso efectivo de perfilamiento y entrenamiento de los participantes en relación a las demandas de las empresas. A pesar de estos resultados iniciales, el programa no logró cumplir con las metas establecidas para las retenciones de tres y seis meses, llegando a cumplir solo el 45% de esta última.

 

Impacto del primer BIS en un país en vía de desarrollo

A través de una estrategia de evaluación de impacto denominada como Diferencias en Diferencias, se comparó la probabilidad de que los beneficiarios tratados por el programa (es decir aquellos que completaron la fase de formación e intermediación) consiguieran y retuvieran su empleo con un grupo de control (aquellos elegibles pero que no continuaron con la fase de formación). La evaluación encontró los siguientes resultados:

  • El tratamiento fue efectivo y está asociado con una mayor probabilidad de colocación y retención laboral cuando lo comparamos con el grupo de control. De hecho, los participantes que se sometieron a la etapa de formación e intermediación tenían una probabilidad de 12 puntos porcentuales mayor de emplearse formalmente a tres meses y 15,7 puntos porcentuales mayor de emplearse formalmente a seis meses. Sin embargo, el efecto del tratamiento pierde relevancia con el tiempo, corroborando lo reportado por inversionistas y operadores sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de retención a largo plazo.
  • Las mujeres tienen una mayor probabilidad de emplearse y retenerse a lo largo del proceso (8,43 puntos porcentuales), mientras que para los hombres no se encontró un efecto estadísticamente significativo entre el grupo de tratamiento y control.
  • La formación en habilidades blandas y duras está asociada con una mayor probabilidad de colocación y retención de los participantes en empleos formales (8,76 puntos porcentuales mayor a lo largo del programa). Si bien cada operador debió cumplir con 100 horas de formación por participante, la distribución de dichas horas entre habilidades blandas y duras era discrecional. En consecuencia, se demostró que invertir 50 horas o más a la formación de habilidades blandas, aumentó la probabilidad de que los participantes se emplearán y retuvieran por los primeros nueves meses después de la colocación.
  • La probabilidad de cotizar a seguridad social también fue mayor para el grupo de tratamiento a lo largo del horizonte de evaluación (15 meses después de la intermediación laboral) aunque solo fue estadísticamente significativa después del sexto mes. Sin embargo, la probabilidad de cotizar a seguridad social durante todo el horizonte de evaluación sí fue positiva y estadísticamente significativa para las mujeres (5,19 puntos porcentuales mayor al grupo de control).

En general, los resultados de la intervención de Empleando Futuro son satisfactorios e indican que el proyecto fue efectivo a la hora de mejorar la probabilidad de que sus participantes se emplearán en trabajos formales y más estables.       

 

Lecciones aprendidas 

A lo largo del programa se reportaron una serie de hallazgos que invitan a reconsiderar la estructura del BIS y las diversas estrategias empleadas por inversionistas y operadores. Si bien la evaluación de impacto no capturó efectos de descreme a lo largo del proceso y aunque de hecho se evidenció que grupos de especial vulnerabilidad como las mujeres obtuvieron mejores resultados, dicha posibilidad sigue latente debido al proceso de perfilamiento y focalización adelantado por los operadores. Así, el diseño de futuros BIS ha reducido la posibilidad del descreme introduciendo incentivos monetarios que invitan a los operadores a emplear estrategias que atiendan a grupos de especial vulnerabilidad

También se advierte que utilizar métodos alternativos para corroborar la retención laboral diferentes a la PILA de los trabajadores, como certificados laborales, pudo haber introducido incentivos perversos para que los participantes falsificaran dichos documentos. Esta recomendación acatada en futuros BIS al establecer la PILA como único método de verificación.

Frente a la estructura de pago acordada por inversionistas y operadores, se destaca que, si bien el bono de pago del 10% sobre el valor del contrato para la retención a seis meses generó incentivos suficientes para recolectar información que permitiera diseñar mejores programas a futuro, el incentivo no fue suficiente para que los operadores encaminaran esfuerzos específicos para la consecución de la meta. Se ha demostrado que la forma en que se distribuyan los pagos del BIS está relacionada con la importancia que los actores les asignan a las diferentes etapas, por lo cual se recomendó desplazar una parte importante del pago a la consecución de la meta de retención a seis meses. Este aprendizaje fue retomado por el BIS II Cali Progresa con Empleo, condicionando el pago del 40% del valor del contrato al logro de la meta de retención a seis meses.

 

1.El efecto de descreme en el contexto de Empleando Futuro implica la exclusión de participantes elegibles por características que dificultarían su inserción laboral. Este efecto es problemático dado que puede excluir a participantes con dimensiones especiales de vulnerabilidad tales como sexo, raza o nivel de estudios.

Fuentes:

EAFIT. (2020, diciembre). Evaluación de impacto de «Empleando futuro». https://maspxr.com/wp-content/uploads/2020/12/Evaluación-de-Impacto_Empleando-Futuro_2020.pdf

Instiglio. (2020). Results from the learning agenda: First Social Impact Bond in an Emerging Country. https://maspxr.com/wp-content/uploads/2020/06/Executive-summary.-Results-from-the-learning-agenda-SIB-1.pdf

Hay un modelo probado en Colombia

En 2016 se creó el Programa de Bonos de Impacto Social de Colombia (Sibs.co) con el objetivo de promover un gasto efectivo de la inversión social a través de esquemas de financiación innovadores. Después de casi 7 años de recorrido, hoy Colombia tiene un ecosistema de pago por resultados en consolidación, un proceso de aprendizaje claro y unos resultados para respaldar la necesidad de escalar estos mecanismos.

A la fecha se han desarrollado 4 Bonos de Impacto Social, contando con la participación de 9 operadores, 14 inversionistas y 2 entidades públicas que son la viva muestra de que es posible innovar para cerrar brechas sociales en empleo. Este proceso, que además ha logrado motivar al Departamento para la Prosperidad Social y a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá a adoptar sus propios esquemas de Pago por Resultados, fue posible gracias a 3 cambios importantes:

 Cambio estructural: Hoy sabemos que es posible promover cambios legales y de política que permiten esquemas de innovación pública. El país cuenta con una hoja de ruta en política pública proveniente de la inclusión de estos mecanismos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el CONPES 4067 de Pago por Resultados, que además de materializó en el primer Fondo LOGRA, el primer Fondo de Pago por Resultados de la Región.

Además, con más de 10 millones de dólares invertidos y 100 mil familias beneficiadas hemos mostrado que es viable alinear incentivos entre inversionistas privados, organizaciones sociales y el gobierno. Este ejercicio requirió que cambaríamos también las prácticas de gestión, concentrándonos en la importancia de pensar en resultados y cómo medirlos, dándonos las herramientas para monitorear cada paso de las intervenciones sociales y ser flexibles para mejorar nuestro impacto.

→ Cambio relacional: hoy el ecosistema de pago por resultados ha crecido de manera significativa. En 2018 solo teníamos un proyecto de pago por resultados en Colombia donde 8 Champions que creyeron en este proceso se sumaron a la iniciativa. Hoy el ecosistema ha logrado desarrollar 6 proyectos y son más de 56 organizaciones las que están construyendo el camino hacia un gasto efectivo para el cierre de brechas sociales. Hemos logrado contribuir a un proceso que hoy comprende 244 proyectos y 1209 organizaciones a nivel mundial trabajando con esquemas de Pago por Resultados.

→ Cambio de mindset: todo este proceso solo ha sido posible porque comenzamos a pensar distinto. A través de esquemas colaborativos hemos logrado forjar alianzas público-privadas para reducir problemas sociales complejos, demostrando que es posible fomentar la participación de un sector privado comprometido con la inversión de impacto. La innovación pública y los cambios en los esquemas de compra pública que requieren estos mecanismos nos permitieron mejorar la transparencia del gasto público al tiempo que mejorábamos la costo-efectividad del retorno social.

 

Esta mirada hacia atrás nos permite apreciar que los mecanismos de Pago por Resultados nos permiten crear valor público. Hoy sabemos que estamos contribuyendo a un proceso incremental que, basado en los cambios estructurales, relacionales y de mentalidad, nos lleve a una transformación sistémica de como pensamos e innovamos para el cierre de brechas sociales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Evaluación de Procesos del segundo Bono de Impacto Social en Colombia: Cali Progresa

Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un instrumento que busca incentivar la inversión en proyectos sociales mediante un esquema de pago por resultados. Bajo esta metodología, operadores e inversionistas condicionan la consecución de pagos y rendimientos financieros a la obtención de resultados sociales. Cali Progresa con Empleo fue el segundo proyecto BIS ejecutado en el país, el cual buscaba establecer estrategias que permitieran la colocación laboral de población vulnerable en la ciudad de Cali.

1. Principales resultados de la Evaluación

Si bien el primer BIS de Colombia, Empleando Futuro, obtuvo resultados positivos en las instancias de formación, colocación y retención a tres meses (de cada 100 participantes que consiguieron empleo, 79 fueron retenidos a tres meses), tan solo el 55% de los participantes contratados lograron una permanencia igual o superior a seis meses.

Teniendo esto en cuenta, al estructurar Cali Progresa con Empleo, se condicionó el 40% del pago que podían recibir los operadores a la obtención del logro de largo plazo (seis meses), mientras que en el primer BIS la retención de largo plazo constituía únicamente una bonificación del 10% sobre el valor del contrato. De esta forma, según la evaluación de procesos, se creó un incentivo financiero real a la obtención del resultado de largo plazo.

De hecho, la percepción de los operadores e inversionistas sobre esta medida fue positiva. Sin embargo, al finalizar el programa el resultado de retención a mediano y largo plazo fue heterogéneo entre los operadores. Si bien todos reportaron que el incentivo financiero había sido adecuado para garantizar la retención a seis meses de los participantes, solo los operadores 2 y 3 sobrepasaron la meta de retención a tres meses (104% y 105% respectivamente) y de retención a seis meses (126% y 125% respectivamente). Por su parte, los operadores 1 y 4 no lograron cumplir sus metas de retención a tres meses (43% y 67%) ni las de retención a seis meses (41% y 54% respectivamente). Esta diferencia en el cumplimiento de metas provocó que la efectividad global del programa se encontrará por debajo del 100% (82% para la retención a tres meses y 87% para la retención a seis meses).

2. Qué factores de éxito diferenciaron a los operadores?

a. Metodologías de convocatoria y selección

Si bien la etapa de retención era la que ofrecía los mayores incentivos financieros, los operadores coinciden en que la etapa más importante de todo el proceso era la convocatoria y selección de participantes. De acuerdo a la evaluación, aquellos operadores que perfilaron de forma adecuada a los participantes, teniendo en cuenta las características que demandaban las empresas aliadas, observaron mayores tasas de cumplimiento a lo largo del proyecto. Este es el caso del Operador 3, el cual prioriza los perfiles deseados por las empresas ancla. Si bien esto se traducía en una menor tasa de inscripción post convocatoria, permitió una retención más larga de los participantes. Por el contrario, el Operador 4 no concentró sus esfuerzos en el proceso de consulta con las empresas ancla antes de la convocatoria por lo cual, a pesar de haber realizado entrevistas personalizadas a los participantes antes de la inscripción, no obtuvo resultados significativos en la colocación.

b.    Atención personalizada.

El uso de estrategias personalizadas para la atención de los participantes resultó relevante en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, si bien la metodología de contacto mediante Call Center fue la menos efectiva durante la fase de convocatoria (solo logró convocar al 7.5% de los participantes), la evaluación estableció que aquellos convocados por este medio tenían una probabilidad más alta de llegar al proceso de formación (66.2%), lo cual podría demostrar, como resaltaron los operadores, la importancia de acciones personalizadas en el transcurso del proyecto.

Por otro lado, si bien el acompañamiento psicosocial no fue estadísticamente significativo en la fase en que dicho componente fue evaluado (probabilidad de pasar de la formación a la graduación), los operadores destacaron la importancia de este componente. De hecho, el Operador 2, que presentó las mayores tasas de supervivencia a lo largo del proyecto (Ver Gráfico 1), fue a su vez el único operador que asignó un psicólogo a cada participante.

c.    Acompañamiento para la graduación y permanencia laboral

Los cuatro operadores incorporaron a sus estrategias de retención programas de acompañamiento a los participantes que lograban las etapas de graduación, intermediación y colocación laboral. Según el modelo de evaluación utilizado para medir los factores que contribuyeron a la probabilidad de pasar de una etapa a otra del proyecto, ofrecer incentivos durante la etapa de formación, como subsidios de transporte, refrigerios o mercados, entre otros, aumentaba de forma positiva la probabilidad de graduarse.

d.    Experiencia en el área 

Para el caso del BIS Cali Progresa con Empleo, el Operador 2 presentó la mayor tasa de supervivencia a lo largo del proyecto (de cada 100 convocados, 6 participantes sobrevivieron hasta los seis meses de contratación). Según la evaluación de procesos, este resultado puede atribuírsele a ser el operador con mayor experiencia en programas de empleo para población vulnerable. A pesar de que la estructura de pago por resultados obligó a los operadores a despegarse de la estructura tradicional de los programas de empleabilidad, el nivel de experiencia del Operador 2 le permitió anticipar las necesidades de los participantes en las diferentes etapas del proyecto.

3. Lecciones y aprendizajes.

Con el fin de proteger la simplicidad de la estructura de pagos que se le propuso a los inversionistas y operadores, el BIS Cali Progresa no incluyó estrategias de pagos diferenciados por tipo de población. Desde la ejecución del primer BIS, se ha observado un efecto “embudo” que condiciona el éxito de los participantes de los programas de empleabilidad a factores de vulnerabilidad como el género, condiciones socioeconómicas y nivel de formación de los participantes. El efecto “embudo” fue especialmente visible en el segundo BIS dado que tan solo el 45% de los graduados pasaron a la etapa de colocación. De hecho, según los modelos probabilísticos considerados en la evaluación del programa, existen factores de embudo en diferentes instancias del proyecto, puntualmente en: 

    • La probabilidad de pasar de la etapa de elegible a formación: Se observó una probabilidad positiva y estadísticamente significativa de pasar de la elegibilidad a la formación si el participante era una mujer. De igual forma, los participantes mayores a 24 años tenían en general una probabilidad menor de entrar a la fase de formación, aunque esta probabilidad no era significativa para el grupo de entre 31 y 36 años.
    • La probabilidad de pasar de la etapa de formación a la graduación: Nuevamente se encontró una menor probabilidad de que grupos de mayor edad logren graduarse, aunque dicha probabilidad sólo es significativa para el grupo de entre 25 y 30 años comparado con el grupo de entre 18 y 24 años. También se encontró que parientes diferentes al hijo, cónyuge o nieto del jefe del hogar tienen una mayor probabilidad de graduarse y que el tamaño del hogar afecta negativamente la probabilidad de que el participante se gradúe. Tener educación formal también tiene un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de graduación.
    • La probabilidad de pasar a las etapas de colocación, retención a tres meses y retención a seis meses: El ser mujer estaba asociado a una menor probabilidad de colocación y de retención en cada uno de los dos plazos establecidos. De igual forma, unas mejores condiciones del entorno y las características físicas y de equipamiento de la vivienda y del hogar aumentaban la probabilidad de supervivencia en las últimas etapas del proyecto.

En este contexto, sería importante considerar para futuros BIS metodologías que permitan ofrecer pagos diferenciados que atiendan poblaciones con dimensiones adicionales de vulnerabilidad. Adicionalmente, la evaluación destaca que la estructura de pagos propuesta a inversionistas y operadores desplazó el mayor desembolso de fondos a la retención laboral por seis meses cuando, sin embargo, se identificó que los mayores retos a la continuidad de los participantes se encontraban en la fase de colocación. Se podría reconsiderar la distribución de pagos de acuerdo a este hallazgo en futuros BIS para programas de empleabilidad.

Finalmente, la evaluación sugiere que también se podrían reconsiderar los plazos de retención, sustituyéndolos por plazos que sean más coherentes con la normativa laboral. Por ejemplo, un periodo de retención a cuatro meses podría ser más lógico que uno de seis meses dado que a partir del cuarto mes se excede el periodo de prueba legal. La pandemia del Covid-19 también dejó en evidencia que la retención laboral de los participantes depende fuertemente de las condiciones generales de la economía y mercado laboral, en consecuencia, se deberían introducir criterios de flexibilidad que reconozcan el impacto de la economía sobre la probabilidad de empleabilidad y retención.

El mecanismo de pago por resultados está cambiando la inversión de impacto en Colombia

Por: María Paulina Gómez, líder del programa SIBs.CO

Es un hecho que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se necesita coordinar a toda la sociedad; los estados por sí solos, como lo señala enfáticamente las Naciones Unidas, no bastan para cumplir con las metas pactadas en la agenda 2030. La alerta nace de la brecha de financiamiento de proyectos de desarrollo, que requiere “miles de millones”, se tiene que enfrentar con crecimiento y competitividad, así como con más capital privado dedicado a financiar el desarrollo social.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que para cumplir los ODS en 2030 se requieren entre 3,3 y 4,5 billones de dólares anuales en países en desarrollo. Ante este gran reto, los mecanismos de pago por resultados, y en particular los Bonos de Impacto Social (BIS)son opciones que nos acercan a estas metas pues son vehículos innovadores que permiten sumar esfuerzos de manera eficiente entre el sector público y privado para lograr financiación con resultados.

 

«La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que para cumplir los ODS en 2030 se requieren entre 3,3 y 4,5 billones de dólares anuales en países en desarrollo»

De una manera más simple, en cada uno de estos BIS, el gobierno y la cooperación internacional se comprometen a pagar un valor por lograr resultados específicos de objetivos sociales. Por ejemplo, se comprometen a pagar un valor por cada empleo formal colocado, por cada pospenado reinsertado en la sociedad o por cada punto porcentual de reducción de embarazo adolescente en una comunidad.   Con ese dinero que paga el gobierno por lograr resultados, los inversionistas de impacto ponen los recursos requeridos para que los operadores puedan financiar sus actividades.

Por ejemplo, en el Bono ‘Empleando Futuro’ que se estructuró en Colombia en 2016, inversionistas de impacto como Fundación Corona, Fundación Mario Santodomingo y Fundación Bolívar Davivienda financiaron a operadores como la ONG Volver a la Gente para que pudieran formar personas de población vulnerable y ayudarlas a encontrar un empleo formal y mantenerse en él por varios meses.

En los BIS, es el inversionista quien asume el riesgo de que no se logren los resultados. Esto permite que el Estado cuide mejor los recursos de los contribuyentes, que haya más transparencia en el proceso presupuestal y que toda la conversación se enfoque en los resultados urgentes que requiere la población vulnerable en Colombia.

Con este mecanismo gana el gobierno, que tiene más capacidades, da los incentivos correctos y aprovecha todo el potencial de los privados para servirles mejor a sus ciudadanos. También ganan los operadores, que pueden financiar sus actividades de una forma efectiva. Y, por supuesto, también ganan los inversionistas, quienes pueden usar su dinero para lograr objetivos sociales, contribuir al cumplimiento los ODS y, cuando son exitosos, recibir un retorno razonable respecto del capital invertido.

Pagar por resultados, como los Bonos de Impacto Social, son un nuevo modelo en el país en el que venimos trabajando de la mano diferentes entidades. Es un mecanismo que aún es desconocido por otros actores y que vale la pena poner en el panorama actual de desarrollo al que, sin duda, le apuntan todos los sectores.

Por último, me gustaría resaltar que si bien el programa Sibs.co, financiado con recursos del BID LAB y SECO (la Cooperación Económica y Desarrollo de la Confederación Suiza) y administrado por la Fundación Corona, ha promovido estos mecanismos para acelerar el desarrollo en Colombia y apostarle a la competitividad. Hoy las empresas, las personas y los gobiernos quieren y deben trabajar de la mano para tener un mundo sostenible y un país más desarrollado, realidad en la que los Bonos de Impacto Social son una excelente oportunidad para lograrlo.

El interés sigue creciendo

El ecosistema no solo está listo, sino que además pide ampliar el abanico de sectores donde se pueda implementar el Pago por Resultados. Educación, Reincidencia, Embarazo Adolescente y Primera Infancia también pueden beneficiarse de esta innovación.

En el congreso tuvimos diferentes representantes del sector público: de entidades encargadas de salud pública, de Formación para el Trabajo y de emprendimiento. Adicionalmente, aproximadamente la mitad de los asistentes trabajaban en el sector social y buscaban entender como los Mecanismos de Pago por Resultados podían ser de utilidad para sus respectivos objetivos sociales.
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Con un 26,7% de los asistentes en representación del sector privado, el congreso se benefició de conversaciones con actores diversos.

Esto se suma a los 23 actores que le presentaron una propuesta al programa Sibs.co para participar en el Challenge de aceleración de Pago por Resultados a inicios del segundo semestre de 2022.

La articulación de los diferentes actores a través de mecanismos basados en resultados es uno de los objetivos del programa Sibs.co. El Primer Congreso Internacional de Pago por Resultados fue de gran utilidad para propiciar esas conversaciones, construir mercado y fortalecer aquellos actores que buscaban un espacio para entender mejor estos mecanismos.

Dato de Empleo de Junio: Colombia sabe cómo avanzar en el cierre de las brechas de género de empleo

Conoce los indicadores más relevantes sobre el desempleo en Colombia a julio del 2022, particularmente particularmente para la población de joven, y cómo los BIS pueden ayudar a combatir las brechas del mercado laboral.

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